martes, 4 de febrero de 2014

CUMBRE NACIONAL AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR


CUMBRE NACIONAL AGRARIA: CAMPESINA, ÉTNICA Y POPULAR
BOGOTA, 2014
-CONVOCATORIA-


Nosotros, los pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos, pescadores, pequeños mineros y demás sectores populares en relación con lo rural colombiano estamos convocando a la realización de nuestra Cumbre Nacional en Bogotá para continuar la tarea de construir la unidad de nuestro proceso. Nos une el empeño por construir una Colombia más justa e igualitaria, con reconocimiento y garantía plena de los derechos que hemos conquistado. A finales del año pasado un grupo significativo de representantes, se ha reunido previamente en Bogotá y ha proyectado los contenidos y evaluaciones significativas en la reciente coyuntura, y ha decidido la convocatoria a la Cumbre este año. 

Sea esta la oportunidad de saludar y reconocer al conjunto de los sectores protagonistas de la lucha social, y denunciar la persecución de que se es objeto a través de la penalización y criminalización de sus acciones, ejemplo de ello es el triste saldo de asesinados del movimiento marcha patriótica, o la violación a los derechos políticos de los ciudadanos y al alcalde de la ciudad de Bogotá. Como respuesta exigimos garantías, pero también convocamos a la unidad entre nosotros. Nos asiste el derecho además, de exigir la negociación política con la insurgencia colombiana, como única meta inicial en la compleja construcción de la paz con justicia social entre los colombianos. 

La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica, y Popular es un punto de encuentro de los distintos sectores agrarios y populares para la cualificación de nuestros debates, que conseguirá mandatar sobre una agenda de acción política y social con espíritu de unidad. Seguiremos siendo diversos, hablando distintas lenguas y dedicando nuestras fuerzas a diferentes fines, pero en medio de esa diversidad buscamos avanzar hacia la unidad de acción que garantice que nuestras voces se conviertan en una sola. 

Nos orientamos en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica, y Popular a establecer lineamientos que procuren materializar los mecanismos y rutas de negociación conjuntos, que ofrezcan garantías y sostenibilidad para nuestros procesos y el conjunto del campo colombiano. 

Nos oponemos al actual modelo que nos sigue empobreciendo y despojando: el nuevo Pacto Agrario propuesto por el gobierno no es más que la profundización del despojo y explotación, proyecto que pretende engañar a millones de familias del campo para que firmen alianzas tramposas con empresarios que explotan su trabajo y se apropian de sus tierras y territorios. 

Nuestra ruta se orienta hacia respetar el derecho de los pueblos a definir el uso de la tierra y los alimentos a cultivar, fortalecer los procesos participativos y de diálogo interétnico e intercultural, garantizar el derecho a la soberanía y autonomía alimentaria, así como el derecho a la consulta previa con consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afro, indígenas y campesinos.

Es evidente la falta de voluntad política por parte del gobierno colombiano para adelantar el cumplimiento de los acuerdos pactados con la totalidad de actores populares del sector rural del país, por eso propenderemos por seguir convirtiendo nuestro proceso de Cumbre en la instancia representativa y decisoria de nuestras comunidades y organizaciones, con la capacidad de dialogar y afianzar con otros sectores populares las rutas de la movilización por nuestros derechos y con el fin de defender un proyecto de país justo, incluyente e igualitario.

“Por la unidad de los pueblos, todas y todos vamos hacia la Cumbre Agraria: campesina, étnica y popular” 

ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE COLOMBIA ONIC – MINGA INDÍGENA SOCIAL Y POPULAR
MESA NACIONAL DE UNIDAD AGRARIA – (MUA)
PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS – (PCN) 
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO (CNA) – CONGRESO DE LOS PUEBLOS 
MESA DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO NACIONAL (MIA) – MARCHA PATRIÓTICA 
COALICIÓN DE MOVIMIENTOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE COLOMBIA- (COMOSOC)
COORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS

miércoles, 29 de enero de 2014

LA CRIMINALIZACIÓN, PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN SIGUEN ACALLANDO LA VOZ DE LA JUVENTUD

LA CRIMINALIZACIÓN, PERSECUCIÓN Y REPRESIÓN SIGUEN ACALLANDO LA VOZ DE LA JUVENTUD

Durante los últimos meses el movimiento social Colombiano y el pueblo en general ha sido testigo de la escalada de violencia por parte del Estado, tendiente a criminalizar y acallar la protesta social, relación que día a día viene en aumento producto del deterioro de las condiciones de vida del pueblo Colombiano. Así lo demostró la crisis de la economía campesina que género una gran jornada de movilización y el desarrollo de un paro agrario nacional, un evidente realce de la lucha social que fue duramente reprimido a través de políticas y de organismos del Estado.

En lo que va transcurrido del año se ha demostrado que la represión y la criminalización a la protesta social continua; líderes de diferentes  procesos organizativos como Congreso de los pueblos y Marcha Patriótica han sido asesinados por atreverse a denunciar las injustas condiciones de vida a la que son sometidos la gran mayoría del pueblo colombiano,  a través de la implementación de políticas neoliberales que amenazan las economías propias, la permanencia en el territorio y la vida misma de dirigentes y líderes sociales. Lo anterior,  sigue demostrando la falta de garantías de participación política y la falta de libertades democráticas.

Así el asesinato de jóvenes en la ciudad de Bogotá,  como es el caso de Carlos Luis Escarraga del colectivo cultural Res Gestae asesinado en la localidad de Ciudad Bolívar,   no es un hecho aislado, por el contrario corresponde a una estrategia de intimidación sistemática, que ha acallado las voces de líderes comunitarios que se niegan a aceptar las condiciones a las que son sometidos. La estigmatización, la falta de oportunidades de trabajo, de condiciones para la vida digna como la educación y la salud, hacen que la juventud sea un sector social en crisis, al que de parte del Estado solo se le ofrece el estigma por su condición.

Por esta razón, desde la plataforma juvenil Creciente popular repudiamos estas acciones, y nos declaramos en defensa de la vida y las libertades democráticas, razón por la que seguiremos luchando hasta alcanzar condiciones que garanticen la vida digna de la juventud, y de la sociedad en general. Extendemos nuestra solidaridad a familiares y compañeros de Carlos Escarraga y  llamamos a  organizaciones sociales y en defensa de los Derechos humanos, a seguir acompañando y denunciado este tipo de hechos que merecen el repudio del pueblo colombiano, pero que nos compromete a seguir construyendo caminos de unidad y lucha.  

sábado, 18 de enero de 2014

Un ejemplo de dignidad del pueblo de boyaca.

El candidato al Senado Alvaro Uribe visitó Tunja y quiso acercarse a hablar con un grupo de campesinos. Fue abucheado y expulsado de la plaza, lo dejamon sin palabras y no permitieron que les faltara el respeto. Rodeado de su seguridad privada no supo que responder y se tuvo que ir!
El campesinado y el pueblo colombiano tiene memoria y los políticos que destrozaron nuestro país tienen que saberlo.

ver video 
www.youtube.com/watch?v=2pd6gWuMmnA



jueves, 16 de enero de 2014

PRONUNCIAMIENTO MINERO ENERGÉTICO  DEL MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO

Centro Oriente de Colombia, 15 de enero de 2014.

Nuestro fraterno saludo al pueblo colombiano, esperando que este nuevo año esté lleno de victorias y avances en nuestra construcción de sociedad más justa. Sabemos sin embargo, que en este camino encontraremos muchas dificultades, pero estamos totalmente convencidos que frente a la unidad y lucha del pueblo, no existe fuerza que pueda detenerle.

El Estado colombiano en cabeza del gobierno de Juan Manuel Santos, han acelerado la denominada locomotora minero energética. Con exenciones de impuestos y subsidios a las grandes empresas nacionales y extranjeras para entregarles los recursos estratégicos de la nación acentuando el despojo. Con los recursos del Estado, que en última instancia son la materialización del sudor y trabajo del pueblo colombiano, se termina pagando la explotación de nuestros propios recursos, quedando como resultado, devastación, pobreza, represión y contaminación en nuestros territorios.

Hoy no cesa el saqueo de más de 30 años. La explotación de Caño Limón en Arauca, el agotamiento del Campo Cusiana en Casanare, y la actual voracidad en el Meta sobre Campo Rubiales, son el ejemplo de la miseria y pobreza que se alza sobre estas regiones, luego de las promesas de los distintos Gobiernos que vociferan desarrollo, empleo y bienestar. Estas mismas regiones que han generado tanta riqueza para las petroleras hoy tienen un sector agropecuario estancado, las fuentes hídricas envenenadas, pueblos ancestrales al borde del exterminio y esquemas laborales precarizados y tercerizados.

En el departamento de Arauca se vienen desarrollando 23 contratos de exploración y 6 de producción petrolera (cerca de 500 pozos). En Casanare son 83 contratos de exploración y 50 de producción. Por su parte, el departamento del Meta es actualmente el mayor productor de crudo del país, con un promedio de 500 mil barriles diarios –provenientes de los 65 pozos en explotación-, los cuales representan cerca del 50% de la producción nacional.

Por otra parte, ya se han hecho públicas las intenciones de explotar hidrocarburos no convencionales en Macaravita y otros municipios de la provincia de García Rovira en el departamento de Santander por parte de Pacific Rubiales.

En el municipio de Toledo (Norte de Santander) se está construyendo la infraestructura para explotar el pozo Magallanes, a la orilla del rio Cubujón, mientras en la isla del Charo (Arauca), se proyecta implementar el pozo Berilo, que afectará la principal despensa agrícola de ese departamento.

En el departamento de Vichada, además de la problemática generada por la acumulación de tierras para proyectos madereros y de producción de agrocombustibles, ya se han entregado varios millones de hectáreas a petroleras como BHP Billiton y Exxon Mobil, entre otras. Dichas empresas iniciaron actividades de exploración desde el 2010, las cuales se han desarrollado dentro de los territorios indígenas, ya que el Vichada es habitado mayoritariamente por pueblos ancestrales.

Pero estas problemáticas no sólo se dan en zonas periféricas del país, a escasos kilómetros de Bogotá y en pleno corazón del sistema Chingaza, se realizan exploraciones de hidrocarburos no convencionales, afectando el ecosistema que soporta la oferta hídrica de más de 9 millones de personas. En Boyacá también se realizan actividades de exploración de hidrocarburos en ecosistemas frágiles y estratégicos como el lago de Tota y el páramo de Pisba.

Ante este panorama el pueblo se ha levantado y al decidir no tolerar más las injusticias sociales, se ha estrellado con el muro de la represión. Tal es el caso de Álvaro Salón Archila, indígena U’wa asesinado luego de oponerse a la explotación petrolera en Casanare; Héctor Sánchez, Campo Elías Ortiz y Dilio Naranjo, líderes del departamento del Meta que al protestar contra Pacific Rubiales, hoy se encuentran presos; también Ernesto Roa y Pedro Carrillo, quienes al alzar su voz de protesta contra la Occidental de Colombia en Arauca, recibieron como castigo el encierro por parte del Estado.

Otras experiencias de resistencia también han dado frutos en favor del pueblo. Tales son los casos de las luchas que vienen dando las comunidades de Tauramena (Casanare) quienes mediante el mecanismo de consulta popular rechazaron tajantemente el proyecto de sísmica denominado odisea 3D. En el departamento del Meta las comunidades indígenas y campesinas en medio de la represión adelantaron la Audiencia de juzgamiento contra las petroleras Pacific Rubiales y Oxy. En la laguna de Ortices, (Mpio. San Andrés, provincia García Rovira) la comunidad se organizó y movilizó en oposición a la explotación del proyecto Sísmico Línea Transandina 4B 2D/ 09 para la búsqueda de hidrocarburos y otros minerales. En Arauca el pueblo históricamente ha mantenido una movilización en defensa del territorio y contra el saqueo del petróleo; en enero y febrero de 2013 se llevó a cabo una jornada de movilización con bloqueos a las principales infraestructuras (Caño Limón, Cari Care, Banadías y oleoducto Bicentenario) y en octubre pasado se celebró el Cabildo Abierto por la Defensa de la Laguna del Lipa. Estos son ejemplos de defensa de la soberanía nacional, ejercidos por el pueblo.

El pueblo del centro oriente de Colombia y de toda la nación es más grande que el miedo que el Estado ha tratado de imponer. Como pueblo debemos entender que el 2014 debe ser un año de permanente alerta y movilización, por una nueva política minero energética, la reducción del 50% al precio final de los combustibles, reversión de los TLC firmados por Colombia, el respeto a la autonomía de los pueblos ancestrales y el saneamiento y ampliación de sus resguardos y territorios colectivos, por garantías para el ejercicio del sindicalismo y la protesta social. Éstas serán algunas banderas que nutrirán las luchas sociales y populares de las que el país será testigo este año.



¡¡¡ POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…

UNIDAD Y LUCHA!!!

MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA

Lo ultimo en noticias de interés para la Creciente Popular



  • PRONUNCIAMIENTO MINERO ENERGÉTICO  DEL MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANOhttp://www.centroriente.org/noticias/25-pronunciamiento-minero-energetico-region-centro-oriente





 


  • Mancuso hace fuertes declaraciones sobre nexos de  grandes  gobernantes, fuerza publica y empresas nacionales  y multinacionales ha  Radio Caracol por primera ves despues de cuatro años   de su extradicion.  http://radiomacondo.fm/2013/05/24/mancuso-confirma-que-financio-reeleccion-de-uribe-y-que-francisco-santos-insistio-en-crear-el-bloque-capital/




 
 
 


 
 








    miércoles, 18 de diciembre de 2013



    DENUNCIA PÚBLICA

    Asesinan a Jesús Rodriguez Cortez del Cordinador Nacional Agrario  Nariño



    El Coordinador Nacional Agrario – CNA, El Comité de Derechos Humanos de la Montaña; como organizaciones Defensoras de Derechos de los y las campesinas en Nariño y Colombia, denunciamos el homicidio de JESÚS RODRIGUEZ CORTEZ Defensor de Derechos Humanos en Samaniego Nariño.


    El 12 de diciembre de 2013 a las dos de la tarde en el restaurante géminis, en el Centro del Municipio de Samaniego, fue asesinado el Defensor de Derechos Humanos y líder comunal JESUS RODRIGUEZ CORTEZ. Personas desconocidas le propinaron seis disparos por la espalda lo que determino la muerte inmediata del Defensor de Derechos Humanos.

    El compañero Jesús Rodríguez Cortez era integrante del Comité de Derechos Humanos del Sector Montañoso del Municipio de Samaniego y presidente del Comité de Trabajo de la Vereda la Conga e integrante del Coordinador Nacional Agrario CNA, padre de familia, y líder reconocido en la zona.
    Este acto de violación a los derechos humanos de las personas, organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos de las comunidades organizadas de la Zona Occidental del Departamento de Nariño se presentan de manera sistemática; atentados, extorciones, homicidios, amenazas, desapariciones, falsos positivos y falsas judicializaciones en contra de las comunidades organizadas.
    Llama la atención que muchas de estas acciones violentas se cometen a pocos metros de la Estación de Policía del Municipio de Samaniego y la exagerada presencial policial y militar en la zona. Así como la presencia de grupos al margen de la ley que actúan en la zona occidental de Nariño.
    Este homicidio es una muestra más; que la defensa de los Derechos Humanos y la protección a defensores y defensoras y sus comunidades solo es retórica del Estado Colombiano, no hay protección, por el contrario siguen siendo objeto de señalamiento, judicialización, persecución y homicidios. Lo ocurrido contra Jesús Rodríguez, se suma a la gran cantidad de personas asesinadas diariamente en la zona, pero además acompañada de una gran cantidad de amenazas en contra de personas que se dedican a la defensa de Derechos Humanos; como ocurre con la amenazas en Contra líderes del Comité de Derechos Humanos de la Montaña, indígenas del Pueblo AWA, MOVICENAR, CPDH-Nariño.

    Por estas razones el CNA y El Comité de Derechos Humanos de la Montaña, queremos manifestar:

    1. Denunciamos que el homicidio en persona protegida ocurrido contra Jesús Rodríguez Cortez, es contrario a las posiciones asumidas por el Gobierno en la que se comprometió a respetar la labor de los dirigentes de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de las organizaciones sociales. Determinando como tal al Estado Colombiano sus funcionarios e instituciones como sus principales responsables.

    2. Exigimos que las autoridades competentes investiguen este hecho y se sancione ejemplarmente a los homicidas de Jesús Rodríguez Cortez. De igual manera que se informe sobre el estado de la Investigación por medio de la mesa departamental de garantías, espacio de interlocución que existe con el gobierno Nacional en materia de protección a defensores y defensoras de Derechos Humanos.

    3. Al Estado Colombiano, a sus entidades y a sus funcionarios, como garantes de la protección y el respeto de los Derechos Humanos, los responsabilizamos ante cualquier agresión de la cual pueda ser objeto, su familia y las organizaciones que representaba Jesús Rodríguez Cortez.

    4. Exigir a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior para que adelante las gestiones pertinentes con el fin de lograr protección de la familia e integrantes del Comité de Derechos Humanos de la Montaña y demás organizaciones comunitarias del Sector Occidental de la Montaña (Samaniego).

    5. A la comunidad nacional e internacional, las organizaciones sociales y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a ser veedores de la investigación y seguimiento de esta grave violación de los Derechos Humanos a las comunidades negras, indígenas y campesinas de Nariño que viven en la zona Occidental de Nariño.

    COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA
    COORDINADOR NACIONAL AGRARIO DE COLOMBIA – CNA
    San Juan de Pasto, diciembre 13 de 2013.

    Comunicado del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombiano Zonal  Arauca-Colombia



    Arauca-Colombia, 17 de diciembre de 2013.

    DENUNCIA PÚBLICA

    Un diciembre tenebroso ha vivido el departamento de Arauca

    A causa del conflicto armado interno que se vive en el país, este departamento ha puesto una cuota elevada de sangre en lo que va corrido del mes de diciembre, pues son ya 7 muertes violentas que se han documentado desde el día 3 de diciembre:

    El 15 de diciembre, en jurisdicción del municipio de Fortul fueron asesinadas 3 personas, dos miembros de una misma familia: uno de los casos ocurrió en la vereda Caranal, donde fue asesinado el señor JOSÉ VIDAL PEDRAZA MUÑOZ, de 37 años de edad; en la vereda Alto Bello fue hallado el cuerpo sin vida del señor JAIME CORONEL VARGAS y el cuerpo de su hijo RONY RENÉ CORONEL PARRA, de 26 años de edad, fue encontrado en la vereda Palmarito, todos con impactos de arma de fuego en su humanidad.

    El 8 de diciembre, fueron asesinados dos jóvenes en el Barrio 20 de julio del casco urbano de Saravena, las víctimas fueron INGRID ROCÍO VELANDIA MARTÍNEZ, de 19 años de edad, y el menor de edad JOSÉ DANIEL ALVERNIA de 15 años.

    El 6 de diciembre, en horas de la madrugada, fue ultimado de varios impactos de arma de fuego el señor DÚMAR PATIÑO MARTÍNEZ, en el sector del Fórum Los Libertadores en el casco urbano del municipio de Arauca.

    El 3 de diciembre, en inmediaciones del centro poblado de Puerto Jordán del municipio de Tame, fue ejecutado de varios impactos de arma de fuego el ganadero ARGELIO BURGOS.

    Insistimos en que la población civil debe estar alejada de las acciones del conflicto, pero también, los actores tienen que respetar a la población civil y tomar las medidas conducentes para su protección; el Estado colombiano tiene una obligación constitucional y legal de proteger a los pobladores en su vida e integridad, por ello nuevamente llamamos a esos actores (Estado colombiano a través de su fuerza pública y las organizaciones rebeldes), a determinarse por las normas del derecho internacional humanitario, respetar a la población civil y sacarla ya de sus acciones, y al Estado cumplir con sus obligaciones encaminando todos sus esfuerzos y recursos a proteger la vida y la integridad de las personas por encima de otros intereses.

    A los organismos de justicia a que adelanten las investigaciones de manera eficiente y oportuna para esclarecer los hechos aquí denunciados y garantizar el derecho de las víctimas.

    POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO

    FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA

    NUESTRA ACCIÓN SOCIAL ES LEGAL Y LEGÍTIMA