Hoy 19 de marzo un juez de garantías ordenó la libertad inmediata de ERNESTO ROA y PEDRO CARRILLO, dirigentes sociales que son objeto de un proceso penal por haber participado en una jornada de protesta contra la explotación petrolera en Arauca.
La protesta tuvo lugar en enero de 2013, cuando miles de campesinos, indígenas y obreros bloquearon las actividades de explotación petrolera y de construcción del oleoducto Bicentenario, a causa de la inmensa deuda ambiental, social, humanitaria y económica que las compañías petroleras tienen con la población colombiana, generada por el saqueo de crudo que ya lleva 30 años en esta región del país.
Luego de suspendida dicha protesta a raíz de un acuerdo entre las comunidades y el gobierno nacional, el líder sindical PEDRO CARRILLO fue capturado en el casco urbano de Arauquita; en el marco de la audiencia de imputación se conoció que también existía orden de captura contra ERNESTO ROA, quien a pesar de conocer que se le estaban endilgando 5 delitos, se presentó de manera voluntaria ante la administración de justicia, en medio de un multitudinario acto público en el municipio de Saravena.
Los delitos que inicialmente les fueron imputados a estos dirigentes sociales fueron SECUESTRO, PORTE ILEGAL DE ARMAS, OBSTRUCCIÓN A VEHÍCULO DE TRANSPORTE OFICIAL, USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS y VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. Todo esto basado en un hecho ocurrido en medio de la jornada de movilización: un hombre armado que se transportaba en un vehículo sin distintivos oficiales intento pasar en medio de la concentración que se encontraba en el punto denominado TODOS LOS SANTOS, lugar de acceso al complejo petrolero Caño Limón Coveñas. Al producirse este hecho, los manifestantes bloquearon el referido vehículo e hicieron descender de él a su ocupante, quien resultó portador de un arma de fuego; ante tal situación, la gente que participaba en la protesta pacífica desarmó al individuo quien el verse despojado del arma manifestó que era un soldado profesional.
Cuando los dirigentes de la movilización se percataron de la identidad de la persona que había intentado transgredir la concentración pacífica, procedieron a informar a las autoridades de la región, tales como personeros y Defensoría del Pueblo. A pesar de que tanto el vehículo como el arma que portaba el sujeto fueron entregados al mismo por medio de un acta escrita, el hecho fue judicializado por la fiscalía y se emitieron órdenes de captura contra los mencionados dirigentes.
Hoy, después de pasar más de 14 meses en la cárcel de Arauca, recobran su libertad a raíz de la decisión de un juez que decidió favorablemente a la solicitud de los abogados defensores, quienes alegaron que no se cumplían los requisitos para mantener vigente la medida de aseguramiento, principalmente por dos razones: la primera de ellas es que la fiscalía tuvo que modificar la imputación, quitando 3 de los 5 delitos que se mencionaron inicialmente, por lo cual quedaron los de menor gravedad (obstrucción a vehículo de transporte oficial y usurpación de funciones públicas); la segunda y más importante es que la actividad social de los dos dirigentes no representa un peligro para la comunidad, sino que al contrario, se constituye en un intento por recuperar la soberanía y la dignidad del pueblo.
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