Denuncia Pública No: 005
Situación de derechos humanos del Centro Oriente Colombiano, en el marco de la jornada nacional. 1 de mayo.
Día marcado con casos de tortura por parte de la Fuerza Pública, respaldados por la inoperancia de algunos integrantes de la misión médica y representantes del ministerio público.
La jornada nacional en conmemoración del día internacional del trabajo, según el análisis de los medios masivos de comunicación transcurrió en completa calma; sin embargo, casos de tortura estuvieron presentes en el desarrollo de actividades de movilización pacífica por parte de campesinos del centro oriente, en los departamentos de Boyacá y Santander.
Al cumplir cinco días de movilización, las organizaciones defensoras de derechos humanos del Centro Oriente, denunciamos situaciones donde se evidencia claramente la brutalidad policial, la negligencia de funcionarios del ministerio público y la infracción del juramento Hipocrático y el código de ética médica por parte de una profesional de la salud, además de la violación a la ley 23 de 1981.
Las violaciones a los Derechos Humanos, siguen siendo una práctica sistemática por parte de funcionarios del estado, hasta tal punto que se demuestra permisividad por parte de los organismos de control.
Hechos:
1. Durante el 1 de mayo, comunidades que se encontraban concentradas en Berlín (Santander) se movilizaron hacia Pamplona, superando todo tipo de obstaculización y agresiones por parte de la Policía Nacional, quienes solo les permitieron llegar hasta un sitio cerca de esta ciudad. El My. ROMÁN ROMEROLES de la Policía Nacional y sus hombres les impidieron seguir, aludiendo que cumplían órdenes del alcalde de Pamplona Norte de Santander, señor Carlos Bustos.
A pesar que se hizo interlocución a través del defensor del pueblo de Norte de Santander, no fue posible lograr que la policía dejara pasar a los campesinos hasta la ciudad de Pamplona, solo hasta las 8:00 a.m del dia 2 de mayo, les permitieron movilizarse en buses con la condición de ser escoltados por la Policía nacional, hasta el sitio La Legía. Esta condición muestra una clara infracción a las normas del Derecho Internacional Humanitario, ya que este tipo de acciones desarrolladas por la fuerza pública pone en riesgo la vida e integridad de la población civil en medio del conflicto armado. Esta comunidad se alojó en una finca con la debida autorización de su propietario, sin embargo la policía nacional al mando del Coronel FABIO CRISTANCHO, ha continuado las agresiones contra los campesinos.
El día 2 de mayo, a las 5:00 p.m., fue detenido por la Policía, el propietario de la finca MAURICIO VILLAMIZAR, a quien se le pretende obligar mediante presiones para que permita el desalojo de las comunidades.
De la misma manera, el menor de edad SERGIO ANDRÉS MOLINA de 17 años, familiar del dueño y residente de la finca, fue detenido por miembros de la policía cuando éste se dirigía a la tienda a comprar unos elementos para la casa. Durante su detención se le indagó sobre su ocupación y sobre las personas movilizadas.
Cuando los defensores de Derechos Humanos, JORGE FLORES, abogado del Equipo de Derechos Humanos Pueblos y los jóvenes ERICCKSON FERNEY RÍOS y YULIANA VILLAMIZAR, miembros de la seccional de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en Santander y la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia, ANJECO, se acercaron para averiguar sobre los motivos de la detención del menor de edad, les fueron requeridos sus documentos de identidad, y de manera violenta le arrebataron el denuncio de perdida de documento de identidad de la defensora en mención, documento que no fue entregado por los policías.
2. El día 1 de mayo de 2014, en horas de la noche, en la ciudad de Tunja (Boyacá) se llevó a cabo un cacerolazo con motivo de la conmemoración del día internacional del trabajo y en solidaridad con las comunidades campesinas movilizadas en el marco del paro campesino, étnico y popular. Siendo las 9:20 pm, frente al centro comercial La Sexta; luego de terminarse la actividad, miembros de la Policía Nacional detuvieron a varios estudiantes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, cuando iban hacia sus lugares de residencia.
Los detenidos corresponden a los nombres de: EDWIN ARIAS CC No: 1054681337, HENRRY GARCIA SALAZAR CC No: 1031145721, ANDRES CELY, ANGIE NIETO, JOHANA MORENO y el menor CRISTIAN ANDRES SÁNCHEZ. Una vez detenidos fueron trasladados al comando de Policía y posteriormente a la Unidad de Reacción Inmediata URI.
El joven HENRRY GARCIA SALAZAR, denuncio que él, EDWIN y CRISTIAN, por usar el cabello largo, al momento de ser bajados del vehículo, fueron halados del cabello y arrastrados , además fueron golpeados fuertemente a patadas y bolillo; posteriormente les aplicaron gas pimienta en los rostros. La madre de una de las victimas al darse cuenta intervino, exigiéndole a los uniformados que dejaran de torturarlo. Siendo aproximadamente las 11:20 pm fueron dejados en libertad en la URI.
Tan pronto fueron liberados, HENRRY GARCIA SALAZAR se trasladó de manera inmediata al hospital de Tunja, para que le practicaran una valoración médica; estando allí, fue retenido nuevamente por la policía Nacional y llevado por segunda vez a la URI. El suceso ocurrió, a las 11:50 pm.
3. El día 1 de mayo de 2014, siendo las 11:30 am, se encontraba un grupo de aproximadamente cuatrocientos campesinos, ubicados con el permiso de su propietario en predios privados correspondientes al restaurante El Copey, ubicado a unos siete kilómetros del casco urbano de San Gil , por la vía que conduce de esta ciudad al municipio de Pínchate (Santander).
Cuando una gran parte del grupo se disponía a recibir los alimentos, fueron atacados de manera sorpresiva por un grupo de aproximadamente cien integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, al mando del Mayor JORGE QUITIAN de la Policía Nacional, quienes lanzaron gases y balas de goma a corta distancia, de los movilizados, lesionando a varias personas y detuvieron a nueve personas. El ataque por parte de los efectivos se extendió por dos horas y media. En el lugar se encontraba el defensor del pueblo, quien fue testigo de los abusos y extralimitación de la fuerza, por parte de los uniformados.
El campesino JUAN BAUTISTA ALONSO RAMIREZ, sufrió serias dolencias al recibir en el cuello varios disparos de artefactos por parte del ESMAD, razón por la cual tomo la decisión de dirigirse hasta el hospital de San Gil, con el objetivo de ser evaluado clínicamente. Siendo las 7:00 pm, llego al centro hospitalario e ingreso a consulta por urgencia, siendo atendido por una médica, que le pregunto si el hacía parte de los campesinos movilizados, a lo que el señor JUAN BAUTISTA respondió afirmativamente. De acuerdo a la informado por la víctima, pudo observar que la profesional, tomo un teléfono celular generando una comunicación telefónica, al poco tiempo hizo presencia en el lugar dos agentes de Policía que se movilizaron en una motocicleta; dirigiéndose a él y sometiéndolo a un interrogatorio, posteriormente le permitieron irse del lugar sin recibir atención médica.
4. El día 2 de mayo 2014, en la vereda Capilla, municipio de Tutazá (Boyacá), siendo las 8 a.m. el Alcalde del municipio de El Cocuy, ALEJANDRO MUÑOZ SANDOVAL, se dirigió hasta el lugar de concentración de las comunidades pacíficamente movilizadas, desde allí, llamó al Coronel de la Policía Nacional, diciéndole que “el paro estaba obstaculizando las vías con palos, piedras, quema de llantas, etc”. Por lo anterior las comunidades aclaran que la movilización de este sector ha participado pacíficamente del Plantón.
5. El día 2 de mayo de 2014, un Coronel de la policía nacional de Duitama (Boyacá) envió 40 uniformados a la vereda Caracoles, jurisdicción del municipio de Belén (Boyacá), para reprimir la protesta. Desde las 9 a.m., la policía mantiene rodeados a los manifestantes al punto que no los dejan movilizarse.
Exigimos:
Al Estado colombiano respetar y garantizar los derechos de las comunidades movilizadas y abrir los escenarios para la interlocución y análisis del Pliego Único, además cumplir los compromisos con ellos pactados; A los órganos de justicia y control, investigar los casos aquí denunciados con el ánimo de castigar ejemplarmente a los responsables y evitar que estos hechos que vulneran gravemente los derechos fundamentales, se sigan presentando.
Se garantice la vida, integridad y libertad de las personas movilizadas, y de manera especial a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos que han sido amenazados y estigmatizados por la fuerza pública.
Responsabilizamos:
Al Estado colombiano y sus instituciones por las violaciones a los derechos humanos presentados contra las comunidades movilizadas y sus dirigentes.
Llamamos:
A la comunidad internacional, a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, a estar atenta durante y después de la jornada y en general a hacer seguimiento a la grave crisis social y humanitaria que vive el país, exigiendo al ministerio publico intervenir de manera efectiva ante estas flagrantes violaciones.
COORDINADORA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
CORPORACION SOCIAL PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION COMUNITARIA –COSPACC
COORPORACIÓN CHOAPO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS
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