DESTITUCION DEL
ALCALDE DE BOGOTA GUSTAVO PETRO: una juagada maestro de la derecha colombiana.
El pasado 09 de diciembre del
2013 el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez destituyo al Alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petró inhabilitando de cualquier función por 15 años argumentando, irregularidades en la
entrega del manejo de las basuras a personas que no estaban capacitadas
para hacerlo, lo que atento en ese sentido contra la libertad de empresa además poniendo en riesgo la seguridad
ambiental de los bogotanos.
Lo complicado de esta acción del ministerio
público, es que el procurador general Ordoñez, destituye al alcalde mayor que había llegado
a la alcaldía de Bogotá luego que setecientos mil bogotanos lo eligieran mediante
el voto popular el pasado 30 de octubre del 2011, lo que se convierte en una
clara violación a los valores democráticos. Desde que llego al cargo como alcalde mayor de
Bogotá Gustavo Petro, empezó a favorecer
a las clases populares en temas como los servicios públicos de la
ciudad, en el incremento de programas de subsidios en los servicios de
transmilenio, de igual manera, empezó a implementar la defensa de los derechos
humanos y derechos de los animales, políticas todas desarrolladas en el marco
del programa Bogotá humana.
Esta polémica decisión administrativa
tiene antecedentes concretos: Petro desde mucho antes de haber sido elegido
como alcalde, había empezado a destapar casos
de corrupción como fue el llamado carrusel de las contrataciones, en licitaciones
como la del transmilenio por la calle 26. desde ahí se había echado ya encima, los grandes intereses y mafias beneficiadas
por los contratos en Bogotá. Que luego de la implementación de políticas como
el nuevo modelo de basura y el SITP- sistema integrado de transporte, veían lesionados
sus intereses.
En fin, el manejo de las basuras,
la libertad de empresa y la seguridad
ambiental de los bogotanos son los argumento que tomo el procurador general Ordoñez
para destituir a Petro y darle muerte política al inhabilitarlo para ocupar cargos públicos durante
15 años, dejando en evidencia como unos pocos intereses apoyados en
instituciones como la procuraduría con extra
limitantes en sus funciones, manejan la
supuesta democracia colombiana a su antojo, decidiendo a quien se juzga y a
quien y desarrollando esta auténtica cacería de brujas. Sin duda algo que debe
ser repudiado por los sectores populares que tienen que movilizarse en exigencias de garantías democráticas
y políticas.
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